Categoría: Derechos humanos
13 Mayo 2012
El genocidio que se perpetró en Guatemala durante el conflicto armado (1960-1996) incluyó a indígenas y sobre todo niños que murieron en las montañas por inanición o frío al tratar de escapar de la represión militar, ha denunciado hoy una fundación nacional.
La denuncia fue realizada por el subdirector de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), José Suasnavar, en un informe divulgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su página de internet en Guatemala, en el marco de la entrega del premio Alba/Puffin.
Este galardón será entregado mañana en Nueva York al director de la FAFG, Fredy Peccerelli, por los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (Alba), por sus siglas en inglés), como un reconocimiento a su lucha en favor de los derechos humanos y contra la impunidad en Guatemala.
Junto a Peccerelli recibirá el premio Kate Doyle, analista Experta en Política de EE.UU. para América Latina en el National Security Archive.
La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo mañana en el Museo de la Ciudad de Nueva York.
En su informe, Suasnavar indica que en el área de Ixil se produjeron gran parte del genocidio, "las (historias) más tristes que yo he oído en los testimonios, que son las personas que vivían en las CPR (Comunidades de Población en Resistencia) que iban tratando de huir de las áreas en conflicto, y ahí hay muchas personas que murieron de inanición o de frío".
El antropólogo se refiere a la denominada área Ixil, en el departamento noroccidental de Quiché, que fue el más golpeado durante la guerra que desangró a Guatemala entre 1960-1996 y que se cobró unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Suasnavar explica que desde hace unos cinco la FAFG ha concentrado el 50 % de su trabajo en esa área porque "la concentración de víctimas allá es muy grande".
La FAFG es la responsable de realizar las exhumaciones en cementerios clandestinos de las víctimas del conflicto armado y según el antropólogo, hasta ahora han encontrado más de 6.000 restos humanos.
Suasnavar dice que, según las investigaciones realizadas, las víctimas que fallecieron por inanición o frío al tratar de escapar del ejército podrían oscilar entre 500 y 600, la mayoría niños.
"Se fueron creando pequeños cementerios, pero sin el registro de las personas, y los familiares saben que ahí quedaron enterradas. Estaban alejados de la salud, de los alimentos, se fueron muriendo poco a poco, y esto también es una de las secciones que se mencionan dentro de las cuestiones de genocidio", explica.
"Hay muchísima gente que murió de esa manera, y nosotros estamos trabajando en eso", comenta el antropólogo.
Tres generales retirados, entre ellos el exjefe de estado de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983), están siendo procesados en los tribunales de justicia de Guatemala en la actualidad por delitos de genocidio en el área Ixil.
Los otros dos exaltos mandos militares son José Rodríguez y Mario López, a quienes la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala les atribuyen 1.771 crímenes de guerra y el desplazamiento de otras 29.000 personas durante la guerra.
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30 Abril 2012
18 Abril 2012
La última víctima es una española de 25 años cuyo agresor ha sido detenido. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirma otro caso en estudio: el de una española asesinada el pasado marzo, cuyo agresor se suicidó. Mato recuerda la necesidad de denunciar, una tarea en la que debe implicarse toda la sociedad.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales1 e Igualdad, Ana Mato2, condena los últimos asesinatos por violencia de género confirmados. En el primer caso, la víctima es una española de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en Estepa (Sevilla) y que presuntamente fue asesinada por su ex compañero sentimental, de la misma nacionalidad y de 20 años, dos días antes.
El segundo caso, confirmado hoy por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, es el de una mujer de 65 años fallecida en Vilardevós (Orense), el pasado 2 de marzo y cuyo marido y presunto asesino, también español de 75 años, se suicidó tras cometer el crimen. En ninguno de los dos casos constaban denuncias previas contra los agresores.
Con estas dos muertes, son ya catorce las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año. Ana Mato expresa su rechazo rotundo a cualquier actitud de violencia y desigualdad.
La ministra quiere hacer un llamamiento para concienciar de la necesidad de denunciar a los agresores, una tarea en la que debe estar implicada toda la sociedad. Mato asegura que, en los casos de violencia de género, "el principal cómplice siempre es el silencio", como demuestra el hecho de que ninguna de las víctimas registradas este año hubieran presentado denuncia.
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24 Enero 2012
Unas nueve mil personas de la comunidad de Pinheirinho, ubicada en Sao Paulo (capital brasileña), están siendo reprimidas este domingo y lunes de madrugada por la Policía Militar (PM) en un operativo para desalojar a las familias sin techo que ocupan terrenos de una empresa que quebró hace ocho años.
Cerca de las 6H00 locales (8H00 GMT) unos dos mil efectivos de la PM arremetieron contra la comunidad, que reivindica un lugar para vivir, con helicópteros, bombas de gas pimienta, lacrimógenos y balas de goma.
Desde el aire, la PM lanza gases contra la población pobre, contra los habitantes de la comunidad. Debido a que la zona está sitiada (nadie sale ni entra) no hay datos precisos de la cantidad de detenidos, heridos o muertos.
Desde el Quilombo Raça e Classe, "Opinião Socialista" habla de 7 muertos y ciedntos de heridos:
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24 Octubre 2011
Por Juan San Cristóbal desde Radio Universidad de Chile
Las políticas de seguridad dictadas desde el Ministerio del Interior, a propósito de los movimientos sociales que salieron este año a las calles, han generado revuelo y trabajo para grupos defensores de Derechos Humanos.
La agenda de los dirigentes de a Confech por Europa, sumado a la visita de la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, son dos antecedentes que ponen a Chile en el tapete internacional, esto por la criminalización de la protesta social que durante estos meses ha sido denunciada por distintas entidades políticas y sociales.
Fuerte represión en las protestas, detenciones ilegales y nula capacidad por detectar a los encapuchados son parte de las acusaciones contra Carabineros, aún cuando las críticas llegan hasta el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien delimita las políticas de gobierno respecto a seguridad interior y uso de la fuerza pública.
Una seguidilla de situaciones irregulares, con su punto culmine en la muerte de Manuel Gutiérrez el pasado 24 de agosto, ponen en el ojo de la crítica a la fuerza policial, toda vez que suman más de mil 700 detenidos desde el inicio del movimiento estudiantil, a pesar que un número considerable de éstas ha sido desechada por la justicia por ser acto ilícito.
Chile queda bajo la mira de quienes observan el control de un levantamiento social experimentado en todo el mundo, tal como apunta Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), quien destacó que la legislación contiene, como caso único en el mundo, la regulación por decreto del libre derecho a reunión de los ciudadanos.
"El derecho a reunión no está legalmente delimitado en este país, está regfulado por un decreto. Si queremos hablar de orden público, lo primero que hay que establecer es en que consiste el derecho a reunión y establecer los límites legales. Todo intento por borrar esa frontera entre los que se manifiestan y los que cometen delito afecta el derecho a reunión y libertad de expresión de los chilenos y chilenas", sostuvo Fries.
El proyecto de ley que califica como delito el saqueo y la toma de establecimientos educacionales es otro de los puntos criticados al actual Gobierno. Organizaciones pro Derechos Humanos enfatizan sobre la criminalización de la protesta social, de momento en que la fuerza pública engloba sus acciones sobre toda la gente que circula en manifestaciones, sin lograr identificar los mínimos focos de desorden público.
Ante ello, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó sobre las falencias constitucionales respecto a este tema, las que han sido aprovechadas desde Gobierno para exceder su autoridad en el control de los movimientos sociales.
Piquer destacó que "hay un tema interno, nuestra propia Constitución dice que el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, lo que significa que hay una vulneración constitucional en la medida que no haya una acción concreta para proteger los derechos de las personas, y que se investiguen cada una de estas acciones y que se investiguen en el futuro".
Amnistía Internacional Chile hizo un llamado a las autoridades por sumar investigaciones a detenciones ilegales de estudiantes, incluso las denuncias de mujeres que declararon ser abusadas por Carabineros durante el control de detención.
Esta situación fue comunicada por distintos actores a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, a quien se le solicitó la visita del relator de la ONU para la tortura. Su visita permitió reuniones con ONG's, estudiantes y representantes mapuche, quienes entregaron sendos informes que exponen la dura situación en Chile respecto al control de un levantamiento social a nivel global.
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